LEY DE LA REFORMA A LA ADMINISTRACIÓN
BUENA O MALA PARA EL PAÍS
Por: Alheca, Lucero Ch. y Andrea M.
En este trabajo se describe la evolución del gasto estatal en justicia y se analiza de manera general el comportamiento reciente de los indicadores de desempeño sectorial tomando en consideración las reformas institucionales de los últimos años y la mayor asignación de recursos por parte del Gobierno.
La administración de justicia es una función pública que debe ser suministrada de manera eficiente y oportuna por el Estado. En Colombia su administración corresponde a la Rama Judicial, la cual esta conformada por las jurisdicciones ordinarias, Contencioso - Administrativa, Constitucional y por la Fiscalía General de la Nación que también contribuyen a la prestación de servicio público, para los fines del trabajo todas estas entidades serán agrupadas en un solo sector.
Es asi, que la ley de la reforma a la administración se justifica en dos componentes claves, el juridico y el politico, estos establecen nuevos requisitos para la elección de los magistrados. Por ejemplo, antes participaban 3 ramas para la deliberación, estaba la rama judicial, legislativa y ejecutiva. Ahora con la nueva administración, se los elige por captación simple, es decir que cada sala acoge a los magistrados y aquí no interviene el poder legislativo, estas salas estan conformadas en su mayoria por agentes politicos que entraron a formar parte de la nueva administración con el Presidente Uribe Velez, osea que existe un control liderado por organismos que en su totalidad son del partido uribista.
Las distintas jurisdicciones dependen de la naturaleza de los conflictos que puedan suscitarse. Mientras que los litigios entre los particulares son resueltos por la Jurisdicción ordinaria, las controversias entre el estado y los particulares y entre las distintas entidades estatales son competencia de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
La Reforma Constitucional de 1991 introdujo cambios sustanciales en la organización de la Rama Judicial. En particular, creó la jurisdicción y las especiales y además el Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General de la Nación que es el órgano encargado de la investigación penal, antes desarrollada por la propia Rama a través de los jueces de instrucción criminal. Estas reformas dieron lugar a una expansión del gasto Estatal en Justicia y a una leve recuperación de los indicadores de rendimiento.
Ahora bien, ya es hora de poner atención a la injusticias que se viven en Colombia, desde hace ya muchos años la administración de la justicia en Colombia se ha visto trastocada por injusticias que hacen que exista crueldad e infamia. En estos últimos tiempos la rama judicial está en paro afectando en gran manera el orden público y social, dando lugar a injusticias de toda índole, prohibiendo que los crímenes de los asesinos, violadores, y todas aquellas personas que han cometido cualquier clase de delito no sean juzgados dejando victimas con mucha crueldad. De aquí en adelante el futuro es incierto y las voces de los que sufren por la guerra seguirán en silencio hasta que las dos partes, tanto el gobierno como la rama judicial sedan ante las adversidades y lleguen a un acuerdo.
Desde hace varias décadas, la administración de justicia en Colombia se ha caracterizado por la permanente congestión de los despachos judiciales, por el bajo rendimiento en el trámite de los procesos, por la mala distribución geográfica de los recursos y por una inadecuada planeación sectorial. Como resultado de esta situación, se ha generado un ambiente de impunidad y de poca credibilidad en el sistema. Las reformas a los códigos de procedimiento fueron el mecanismo de mayor utilización por parte de las autoridades para solucionar la crisis hasta principios de los noventa.
